La trascendencia de la documentación laboral exigible y de contralor en las reglas del onus probandi del proceso laboral. Su renovada y actual incidencia en la reforma procesal de la ley 10.596

La documentación laboral exigible y de contralor es aquélla que acredita el 0cumplimiento íntegro y oportuno de las obligaciones laborales y de la seguridad social a cargo del empleador (art. 79, LCT): instrumentos públicos, privados (con firma manuscrita, digital, electrónica) y particulares no firmados; también documentos rubricados para ser legalmente válidos, tal como el Libro del art. 52, LCT, la planilla de horarios y descansos, entre otras. Detallamos los requisitos exigibles del Libro del Art. 52, LCT, la planilla de horarios y descansos y la planilla de horas suplementarias, el Libro de Inspecciones de la ley 8015, el Sistema Único de Registro Laboral de la ley 24.013 y la documentación laboral específica y exigible en los regímenes especiales y estatutos particulares. Sumario Introducción. 1.- Qué se entiende por documentación laboral exigible o de contralor. 2. Instrumentos públicos y privados. Firma. Rúbrica de libros. 3.1. Requisitos exigibles para el Libro del art. 52, LCT, la planilla de horarios y descansos de la ley 11.544, los recibos de haberes y el Libro de Inspecciones Laborales de la ley 8015 en Córdoba. 3.2. Requisitos exigibles en el Sistema Único de Registro Laboral del art. 18, Ley 24.013. 3.2. Requisitos exigibles en el Sistema Único de Registro Laboral del art. 18, Ley 24.013 4.1. Empresa de servicios eventuales. Sección particular del Art. 13 (Decreto 1694/2006) – Decreto 762/2014 4. La documentación laboral específica y exigible en los regímenes especiales y estatutos particulares.4.1. Empresa de servicios eventuales. Sección particular del Art. 13 (Decreto 1694/2006) – Decreto 762/2014. 4. 2. Libro especial para PYMES. 4. 3. Régimen de Trabajo Agrario –Ley 26.727. 4. 4. Estatuto del viajante de comercio. 4. 5. Régimen de la Construcción. 4. 6. Encargados de casas de rentas. 4. 7. Libro especial de peluqueros. 4. 8. Régimen Especial del Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares – Ley 26.844. 4. 9. CCT 40/89 – Camioneros. 4.10. Transporte Automotor de Pasajeros. 5. La prueba. Los sistemas procesales generales. El proceso laboral en particular. 6. Reglas del onus probandi en materia laboral. Fuentes internas y externas. Propuestas doctrinarias. 7. La relevancia de la documentación laboral exigible en las reglas del onus probandi en materia laboral –con especial referencia a la ley procesal cordobesa- . 8. Las reformas de la ley procesal laboral en lo relativo a la carga probatoria de la documentación laboral exigible y de contralor.

Apuntes del delito de lavado de activos en el ecuador y su relación con la prueba indiciaria

Desde la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, se ha venido formulando estudios que permitan visibilizar lo que implica el tipo penal lavado de activos, en el presente se cavila acerca de lo que implica el onus probandi y cómo se invierte la carga de la prueba, lo que desde el punto de vista del garantismo del Ecuador es atentatoria del efectivo goce de los derechos, aunque se trate del adecuado funcionamiento del sistema económico, no puede soslayarse la tutela judicial efectiva de los derechos ni el debido proceso.

Knockin’ on heaven’s door: The burden of proof before international courts

The issues of proof and determining the party upon which the corresponding burden rests are key to the administration of justice as the determination of the facts of the case is a compulsory stage prior the application of the legal norm. In the Russian legal doctrine the issue of proof has been extensively developed with regard to proceedings before national courts, but not enough in relation to the activity of international courts, except for the European court of human rights. This article explores the theoretical aspects of proof in international courts, analyses the approaches of the International Court of Justice and the Court of Justice of the European Union regarding the distribution of the burden of proof. A separate object of study is the legal findings of the Court of the Eurasian Economic Union with regard to the issue of proof. The findings of the study show that the universal rule onus probandi actori incumbit has evolved with the development of the international courts’ case law in the direction of a cooperation between the courts and the parties in the collection of evidence and the placement of the burden of proving the validity of acts, actions (failure to act) on the institutions vested with the corresponding powers.

A favor de la carga de la prueba

Dos intentos críticos difundidos en los últimos cuarenta años han arremetido, a su manera, contra la carga de la prueba, sumando cierto atractivo al debate sobre el antiguo problema de la falta de prueba al resolver. El primero es la teoría de la carga dinámica de la prueba, promovida desde la década del 80 en Latinoamérica, con alguna aceptación de la doctrina y jurisprudencia; el otro es bastante reciente y su esbozo proviene de autores europeos, a partir de un resurgimiento del escepticismo acerca del onus probandi. Sin embargo, del análisis de estas propuestas no se obtienen fundamentos mínimamente sólidos, por lo que cabe reafirmar la utilidad de la carga de la prueba como un sistema de reglas preestablecidas.

La carga de la prueba en el proceso civil: una evolución desde la igualdad formal de las partes hacia una igualdad material de las mismas

El presente trabajo tiene por finalidad analizar cómo ha evolucionado el proceso civil de tipo continental a la luz del principio de igualdad, desde una igualdad formal a una material. Esa evolución se refleja en una serie de reformas legislativas en la mayoría de los países de tradición continental, que buscan igualar la posición de las partes en el proceso. Dentro de las últimas medidas correctoras están aquellas que buscan alterar la clásica y liberal regla del onus probandi, que se entiende, desfavorece en muchos casos la situación del demandante débil o de quien no dispone de las fuentes de prueba. Se estudia, por tanto, la denominada carga dinámica de la prueba, las presunciones a favor de los demandantes y una medida que busca alterar las reglas sobre la carga de la prueba, pero también disminuir el grado de certeza que la prueba le arroja al juez para dar por establecidos los hechos constitutivos de la pretensión, como es la que existe en algunas hipótesis del derecho antidiscriminación y del proceso laboral.

System for Evidence of Corruption Criminal Act in Indonesia

This study analyzed the system of evidence of corruption related to evidence and the quantity of evidence in cases of corruption. The researchers used a descriptive qualitative approach that grouped and selected data obtained from field research according to its quality and truth, then related to theories, principles and legal norms obtained from library studies. The data was analyzed qualitatively by processing existing legal materials to answer the main research problem. The results of the study stated that the evidence in the crimes act of corruption consisted of at least two, namely negative and absolute (pure proof). In this negative verification, the construction of article 183 of the Criminal Procedure Code is used. The legal norm emphasizes the burden of proving criminal offenses to the public prosecutor. This is in line with the principle of the actori incumbit onus probandi, which means who demands, he proves. Meanwhile, regarding the types of evidence that are valid and may be used to prove what has been determined in article 184 paragraph one of the Criminal Procedure Code, are witness statements, expert statements, letters, instructions, and statements of the defendant.

A favor de la carga de la prueba: sobre el carácter jurídico-imperativo de las reglas de onus probandi

En este artículo se afirma que las reglas sobre carga de la prueba tienen un carácter jurídico-imperativo. Este se manifiesta, por una parte, en su formalización y, por otra, en el tipo de razones subyacentes para su establecimiento. Se sostiene, además, que la justificación de las tales reglas no se vincula directamente con la averiguación de la verdad en un determinado régimen de ponderación de la prueba judicial (tasado, mixto o libre), sino con un problema común a todos ellos: la insuficiencia de la prueba y la solución normativa frente a la misma. Finalmente, se muestra cómo la existencia de reglas imperativas sobre onus probandi tiene la virtud, entre otras, de proscribir la llamada equidad cerebrina.

HUMANIZAÇÃO DO PROCESSO CIVIL E EFETIVAÇÃO DA JUSTIÇA PELA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA

A efetivação da justiça está intimamente ligada à forma de distribuição do ônus da prova no processo. Em regra, faz-se a distribuição conforme as alegações das partes, as quais nem sempre detêm condições de se desincumbir desse ônus, findando-se o processo com uma decisão injusta. Objetiva-se, portanto, conhecer as peculiaridades da prova e implicações na distribuição do ônus probandi para a concretização da justiça no processo civil brasileiro, debruçando-se sobre a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, adotada pelo Novo Código de Processo Civil (CPC de 2015). Parte-se de uma pesquisa descritiva e bibliográfica, tendo como fontes a lei, a doutrina e a jurisprudência para compreender e analisar o instituto da prova como um direito constitucional; conferir a compatibilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova com os princípios que regem o processo e verificar de que maneira a distribuição dinâmica do ônus da prova contribui para a humanização do processo e para o acesso efetivo à justiça. Para tanto, aborda-se peculiaridades da prova, tais como conceito, objeto, finalidade e destinatário, bem como os fundamentos constitucionais do direito à prova; adiante, verifica-se a origem e conceito da teoria dinâmica e a sua compatibilidade com os princípios norteadores do processo civil brasileiro.

Redistribuição do Onus Probandi no Processo do Trabalho Diante do Novo CPC: Impactos da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova na Responsabilização do Administrador Público em Demandas Envolvendo Terceirização

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito da Ação Direta de Constitucionalidade nº16, declarou a constitucionalidade do § 1º, do artigo 71, da Lei nº 8.666/73. Em face disso, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, o resultado foi a edição de uma nova redação ao texto do inciso IV da sua Súmula 331, e, ainda, a inclusão de dois novos incisos (o V e o VI), um dos quais dedicado especificamente a disciplinar a responsabilidade patrimonial decorrente da terceirização no âmbito do serviço público. Foi consagrada a tese acerca da responsabilidade subsidiária e subjetiva do ente administrativo pelos créditos trabalhistas devidos ao empregado prestador de serviços terceirizados no âmbito da administração pública direta e indireta. Diante deste novo contexto, a responsabilização do administrador público decorrerá de duas condições: a) o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços terceirizados; e b) o descumprimento culposo do tomador dos serviços quanto às obrigações previstas da Lei nº 8.666/93, notadamente no tocante à fiscalização do adimplemento das obrigações contratuais e legais da empresa interposta como empregadora. Nesse quadro, ganhou certo relevo a discussão sobre a quem incumbe processualmente comprovar os elementos necessários para responsabilização do administrador público. Pois bem. Considerando as peculiaridades que cercam o quadro fático envolvendo uma relação triangular de terceirização, na qual a tomadora de serviços é uma entidade da administração pública direta ou indireta, os fundamentos da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova e do princípio da aptidão para a prova não deixam dúvidas: é do administrador público o ônus de provar a regularidade da contratação dos serviços pela empresa e a existência da regular e adequada fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte desta última perante os seus empregados que prestavam serviços ao ente da administração pública direta ou indireta. Será analisado, pois, como o ordenamento atual, bem como a legislação cuja vigência se aproxima, ou seja, o novo CPC (Lei nº 13.105, de 2015), podem ser utilizados para justificar a distribuição dinâmica do ônus da prova.