Mapa de la publicidad institucional en España

En este trabajo se analiza la situación legislativa y la rendición de cuentas que realizan las comunidades autónomas españolas en materia de publicidad institucional. En primer lugar, se realiza una comparativa de las trece leyes autonómicas que se han promulgado entre 2000 y 2018, atendiendo al partido en el gobierno en el momento de su aprobación, su ámbito de actuación y los instrumentos de rendición de cuentas que prevén. Seguidamente, se evalúa el cumplimiento de 14 indicadores sobre acceso público a datos de esta partida presupuestaria a partir del análisis de contenido de los portales de transparencia de cada comunidad autónoma. Los resultados muestran diferencias en la jurisprudencia -hay cuatro comunidades aún sin legislación- y distintos grados de obligaciones en materia de transparencia, aunque no existe por el momento una relación directa entre el desarrollo legislativo y la facilidad de acceso a la información. La legislación más exigente es la de la Comunidad Valenciana (2018), mientras que los portales más completos son los de Castilla y León, Navarra, Extremadura y País Vasco. Destacan por sus carencias, tanto en normativa como en facilidad de acceso a la información, comunidades como Madrid, Cantabria o Galicia. Esta heterogeneidad supone una desigualdad en el derecho de acceso a la información de la ciudadanía española y pone de manifiesto la necesidad de revisar el marco normativo para su actualización.

The Portuguese Charter of Human Rights in the Digital Age

The paper carries out a legal appraisal of the recently approved Portuguese Charter of Human Rights in the Digital Age. It analyses its structure both as a human rights instrument and as Portuguese fundamental rights instrument focusing on new norms introduced in the system and redundant ones. In this latter case interpretation problems are highlighted, in particular when considering the Portuguese open clause of Article 16 of the Constitution that allows for fundamental rights approved by ordinary laws. Finally, a specific new right is given special attention - the right to protection against disinformation – especially concerning its relation with the freedom of expression. The paper aims to show that the scope of the new provision would allow an unconstitutional restriction on the freedom of expression and that a valid norm must be determined by adequate balancing.

El abuso del secreto de Estado en la ocultación de las actuaciones ilegítimas de los poderes públicos

El tema de este trabajo son los usos indebidos que a veces hacen los poderes públicos de los secretos de Estado –en particular en nuestro país–, a fin de ocultar actividades ilegítimas. Tras referirme a las condiciones para el uso correcto de los secretos de Estado, y explicar críticamente los defectos de la regulación española, mencionaré ciertos abusos y ejemplos de mala praxis en las actuaciones del órgano con competencia para la clasificación de materias. Asimismo, aludiré a los términos en los que la Ley de transparencia de 2013 amplia las materias a las que se permite restringir el libre acceso, y haré una referencia al caso de los “papeles del CESID”, que fue el ejemplo más evidente de la utilización de los secretos de Estado para encubrir actos gubernamentales ilegítimos. Para concluir, enumeraré los cambios que sugiere, en la regulación vigente de los secretos de Estado, la Proposición de ley de reforma de la Ley de secretos oficiales, presentada en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

Notas sobre el debate entre la seguridad nacional y la democracia

El autor realiza una serie de reflexiones doctrinales sobre la vinculación entre la seguridad nacional y la democracia, haciendo alusión a los retos actuales y a cuestiones clave como es la relación entre los secretos oficiales y la transparencia.

La transparencia pública en el escenario post Covid-19

La Covid-19 y los estados de emergencia que se han declarado para hacerle frente han erosionado el Gobierno abierto. Mientras en países como España se veían afectadas las solicitudes de acceso a la información, al mismo tiempo crecían las demandas desde la sociedad para articular una respuesta abierta a la pandemia. Este estudio se propone profundizar en una hoja de ruta para el futuro, centrada en una Administración más transparente, participativa y colaborativa, desde la que afrontar la recuperación. Para ello, se realiza un ejercicio de prospectiva a través del método Delphi, con encuestas a un panel de personas expertas en la materia, procedentes tanto de la Administración Pública, como del sector privado, la universidad y la sociedad civil. El trabajo de campo, realizado entre mayo y julio de 2020, da como resultado un diagnóstico de la situación de partida y, sobre todo, la identificación y priorización de una batería de 48 medidas para incorporar tanto a la agenda política, como a la acción institucional.

Transparencia municipal en España

La transparencia municipal en España ha sido analizada sobre todo en los grandes municipios y no en todas las comunidades autónomas. A partir de una muestra de 1955 municipios, elegida aleatoria y proporcionalmente por provincias y rangos de población, se ha analizado la existencia de portales de transparencia municipales en todas las comunidades autónomas. En su mayoría, los portales de transparencia municipales están basados en desarrollos realizados por administraciones superiores; solo en cinco comunidades autónomas predominan los de desarrollo propio. Principales problemas detectados: falta de publicidad activa y duplicidad de portales de transparencia en algunos municipios.

Evolución de la transparencia en jurisdicciones municipales de Argentina entre 2019 y 2020

El artículo presenta los resultados de una investigación sobre el nivel de transparencia de los 70 municipios más poblados de la República Argentina realizada por medio de la construcción de un índice compuesto por siete ejes: autoridades, órganos de gobierno, rendición de cuentas, presupuesto, contrataciones y licitaciones públicas, comunicación institucional, información general y participación ciudadana. El relevamiento se realizó dos años consecutivos, 2019 y 2020, permitiendo conocer su evolución e identificar fortalezas y/o debilidades tanto a nivel general como particular de cada municipio. Se ofrece así un diagnóstico a partir del cual conocer cuáles políticas son necesarias llevar a cabo para avanzar y/o mejorar en transparencia, principio fundamental para los gobiernos democráticos modernos, incluido a nivel municipal.

Estado venezolano. Falta de digitalización como ocultamiento

Asumiendo particularidades observables en la administración pública venezolana durante el período de la revolución bolivariana, con su auge y caída de la bonanza petrolera, el presente trabajo, a grandes rasgos, tiene el objetivo de señalar como en los últimos veinte años se ha hecho uso de omisiones de los poderes, ambigüedades normativas y centralismo en detrimento de los conceptos de transparencia y gobierno electrónico. En este caso la no digitalización, salvo en algunas oficinas de trámites y recepción de dadivas desde el 2015, es una variable tácita en favor del ocultamiento de información pública, algo que acompaña una vertiginosa corrupción percibida por la mayoría de los venezolanos.

La transparencia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México

El Tribunal Electoral como parte del Estado mexicano está sujeto a cumplir con las políticas del Gobierno Abierto, por lo tanto, en el trabajo se expone en cuáles actividades y procedimientos el Tribunal Electoral ha cumplido con el Gobierno Abierto y en cuáles se ha visto limitado en su cumplimiento. Con lo anterior, se logrará apreciar que, independientemente de los límites que puede tener el Tribunal Electoral, éstos pueden dejar de serlo en tanto sean reconocidos. Una reflexión que se obtiene de este trabajo es que las políticas como el Gobierno Abierto son la alternativa para legitimar las instituciones, combatir la corrupción y mantener a la ciudadanía cerca de lo público.

Las múltiples dimensiones de la protección a los denunciantes (whistleblowers)

La insolvencia de una de las grandes promesas del universo FinTech, la empresa alemana de servicios de pago Wirecard, desvelada gracias a una continuada filtración interna al diario Financial Times, ha motivado la creación de sendas comisiones de investigación en el parlamento alemán (Bundestag) y europeo para tratar de mejorar los mecanismos públicos de supervisión de las grandes corporaciones financieras digitales. Ha sido muy cuestionado el papel jugado por la BaFin, la autoridad alemana de supervisión, así como la defensa a ultranza de Wirecard en un ejercicio de nacionalismo económico colectivo, frente a las noticias publicadas en un medio británico. Los informes encargados por el Parlamento Europeo a diversos grupos de expertos, y los artículos académicos que se han publicado como consecuencia del caso Wirecard permiten reflexionar sobre la correcta protección de los informantes en pleno proceso de transposiciones nacionales de la Directiva Europea 2019/1937, así como defender la propuesta de que se necesita más ambición para incentivar este tipo de actuaciones, en un horizonte de creciente complejidad empresarial, y de auge de un modelo de economía digital no siempre bien regulado, opaco y refractario a la rendición de cuentas.