REGISTROS DE DELINCUENTES SEXUALES

Los Registros de Delincuentes Sexuales son una institución implantada por diversos Ordenamientos Jurídicos para proteger a la infancia y a la adolescencia. Las prohibiciones de la inscripción registral restringen derechos fundamentales del condenado y determinan el modelo de distribución del riesgo entre el individuo y la sociedad. Tanto los ordenamientos jurídicos anglosajones como los continentales acuden a su naturaleza administrativa para defender su respeto a la prohibición de irretroactividad de la sanción y a un proceso con todas las garantías. La jurisprudencia constitucional de muchos órganos empieza a defender la necesidad de que los sistemas de registro y notificación cuenten con procedimientos de revisión del riesgo de reincidencia, especialmente en aquellos casos en los que la inscripción puede extenderse por periodos de hasta treinta años o incluso de por vida.

CASTRACIÓN QUÍMICA: ¿UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LA DELINCUENCIA SEXUAL?

Diversos países han incluido en sus legislaciones el uso de tratamientos farmacológicos -consistentes principalmente en el suministro de anti andrógenos- para controlar el riesgo de reiteración delictiva en los delitos sexuales. En el presente trabajo, tras examinar en qué consiste esta polémica intervención médica y los efectos que de la misma se derivan, se aborda su tratamiento jurídico en el Derecho comparado, así como las posibles vías de aplicación en nuestro vigente orden penal, valorando la propuesta de regulación recogida en el Anteproyecto de Ley Orgánica integral de la libertad sexual.

La suspensión de la ejecución de la pena de prisión con imposición de «prestaciones o medidas»

La Ley Orgánica 1/2015, de reforma del Código Penal, modificó la regulación de las alternativas a la ejecución de las penas privativas de libertad. Entre las novedades destaca la supresión de la sustitución de las penas de prisión del artículo 88 del Código Penal y la introducción, como contrapartida, de una modalidad excepcional de suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad que lleva aparejada la imposición obligatoria de «prestaciones o medidas» de carácter punitivo —multa y trabajos en beneficio de la comunidad—. Asimismo, estas prestaciones pueden imponerse facultativamente en las demás modalidades de suspensión. En el presente trabajo se analizan las repercusiones de estos cambios en el fundamento y configuración de la suspensión de la ejecución (artículos 80 y siguientes del Código Penal), con especial énfasis en el estudio del citado supuesto excepcional de suspensión.

Sobre los momentos inicial y final de la tentativa

Este trabajo se ocupa de dos cuestiones que atañen a sendos límites, inferior y superior, de la tentativa. En relación con el primero, se analiza como cuestión específica el inicio de ejecución en las tentativas acabadas, examinando para ello los posicionamientos que han defendido el establecimiento en estos supuestos de un criterio propio y distinto del utilizado para las tentativas inacabadas. En el segundo ámbito, el trabajo concreta el concepto de tentativa terminada y clarifica qué pertenece en realidad al mismo intento punible, precisando de este modo hasta cuándo se puede desistir válidamente de él. Las aportaciones contenidas en el estudio interesan, pues, tanto a la habilitación o apertura de la posibilidad de desistir como a su preclusión o cierre.

Mujer Mujer, prisión y no discriminación

Este trabajo analiza la discriminación en las prisiones de mujeres y su relación con un tratamiento sexista y estereotipado que solo atiende diferencias relacionadas con la maternidad. El humanismo penitenciario de Concepción Arenal puede ser considerado el origen de la perspectiva de género en prisión, dicha autora defendía que las mujeres presas debían acceder al trabajo y a la educación en igualdad de condiciones que los hombres. Esta idea se desarrolla en las normas internacionales para prisiones de mujeres recogidas en las Reglas de Bangkok que reconocen que las mujeres presas tienen necesidades propias. Las mujeres presas como grupo vulnerable tienen necesidades específicas que deben ser atendidas en prisión y en las alternativas al encierro

Nuevos retos dogmáticos ante la cibercriminalidad

En el presente trabajo se cuestiona si es necesario emplear un enfoque distintivo y adaptar algunas categorías dogmáticas de la teoría del delito ante los retos que plantean los delitos cometidos en el ciberespacio. Para ello, se parte de una comprensión amplia de la naturaleza y dimensión de los cambios experimentados en la era digital y se propone una definición funcional del concepto de ciberdelito para las distintas perspectivas de análisis: criminológica, penal, procesal y dogmática. La tesis principal es que el contexto y fenomenología virtual exigen una relectura transversal de los contornos que delimitan algunas categorías dogmáticas. Se presentan de forma programática algunas cuestiones y se analiza la repercusión del cambio de paradigma en algunas categorías del sistema, en particular, en los conceptos de acción y bien jurídico.

PROBLEMAS PROCESALES Y DE EJECUCIÓN PENITENCIARIA: JUSTICIA RESTAURATIVA Y DELITOS SOCIOECONÓMICOS .

En el presente trabajo se abordan las dificultades procesales en el ámbito de la justicia restauradora y los delitos socioeconómicos. Se examina la viabilidad de la acusación particular, concluyendo que no es el mecanismo idóneo para poner en marcha el procedimiento ya que, la legitimación procesal se atribuye a quien no es ofendido ni perjudicado, mientras que en estos delitos existen unos bienes jurídicos de índole supraindividual y, con ello, unos perjudicados. Por el contrario, se propone que el mecanismo procesal idóneo para la defensa de esos bienes jurídicos supraindividuales reside en las acciones colectivas (art. 7.3 LOPJ), que deberían recibir el tratamiento de una acción particular colectiva entendida como el ejercicio de la acción penal por personas jurídicas o agrupaciones en defensa de intereses colectivos y difusos. En segundo lugar, se analizan los problemas de ejecución penitenciaria inherentes a la justicia restaurativa en el ámbito de los delitos socioeconómicos.

El art. 100.2 RP como expresión del sistema de individualización científica y del principio de flexibilidad: algunos datos sobre su aplicación

En el presente trabajo se analizarán las condiciones que justifican la obtención del régimen flexible previsto en el art. 100.2 Reglamento Penitenciario. Para ello se examinan los requisitos que impone la normativa penitenciaria y la aplicación que de esta medida está haciendo la Administración penitenciaria, tanto a nivel nacional como en Cataluña. Se pretende así probar la utilidad de este régimen para la individualización del tratamiento y, en especial, como instrumento flexibilizador de las condiciones de vida que se aplican a los internos que cumplen su pena clasificados en segundo grado, bajo el modelo de vida propio del régimen ordinario.

El ENJUCIAMIENTO PENAL DE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL

En el presente trabajo se analiza la problemática que suscita el enjuiciamiento penal de aquellas personas que se encuentran privadas de capacidad procesal debido a una situación de enfermedad o trastorno mental que les impide conocer y participar válidamente en el proceso, cuestión que cuenta con una muy deficitaria regulación procesal que hace peligrar los derechos fundamentales del sujeto pasivo del proceso. Asimismo, existe una doctrina jurisprudencial que mantiene criterios contradictorios al respecto, pues mientras algunas sentencias del Tribunal Supremo validan el enjuiciamiento penal del sujeto pasivo, aun a los efectos de imposición de una medida de seguridad, otras sentencias abogan por el archivo del proceso y remiten al proceso civil para acordar las medidas que correspondan, al considerar que no es posible celebrar juicio oral frente a quien carece de capacidad procesal suficiente por enfermedad o trastorno mental, pues así se vulnerarían sus derechos y garantías constitucionales.

¿En qué condiciones encarcelar a un presunto inocente para realizar la justicia penal?

Las premisas internacionales sobre las condiciones efectivas del encarcelamiento de una persona encausada (Reglas Nelson Mandela, Reglas de Bangkok, Reglas Penitenciarias Europeas, doctrina del TEDH) obligan a adoptar mecanismos de garantía tanto en la legislación penitenciaria, como a la hora de acordar judicialmente la medida de prisión preventiva y supervisar el cómo de su cumplimiento, porque, de no ser así, se quebrarían salvaguardias esenciales en la privación del propio derecho fundamental a la libertad. Esta otra vertiente esencial de la medida cautelar de prisión preventiva ha sido generalmente desatendida por el Tribunal Constitucional, que se ha volcado en lo relativo a sus presupuestos y el derecho de defensa, reflejándose ese mismo grado de abandono en la legislación penitenciaria aplicada. El incumplimiento en España de un régimen de preventivos distinto y separado de la población reclusa penada es una razón material para erradicar esta figura del escenario de la cárcel