La retractación en la aceptación de responsabilidad unilateral. El caso colombiano a partir de la jurisprudencia.

La jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema deJusticia desde los albores de la Ley 906 de 2004, ha develado problemasserios en torno a la retractación en la aceptación de responsabilidad unilateral–conocida también como allanamiento puro y simple–. Este artículo,que se construye desde la historiografía de la jurisprudencia vigente y ladoctrina especializada, presenta una revisión de los vacíos normativos yjurisprudenciales sobre el tema y concluye sobre la posibilidad del retracto.Se busca determinar si es posible, a la luz del contexto normativo colombiano,la viabilidad de aceptar la retractación en el interregno que va de laaudiencia de formulación de la imputación a la audiencia de acusación. Latesis dominante de la jurisprudencia ordinaria penal niega esa posibilidad;creemos que dicha posición es errada, conforme se verá más adelante.

La administración de justicia penal europea y transnacional como desafío para una dogmática de derecho penal moderna

La discusión jurídico-penal actual se caracteriza por la lenta pero segura pérdidade importancia de los discursos del derecho penal puramente nacionales, frentea la creciente importancia de las elaboraciones del derecho penal europeo e internacional;aquí, justo es decirlo, es donde se plantea la pregunta acerca de quésucederá en el futuro con la dogmática de derecho penal alemana y su larga tradición,máxime si se tiene en cuenta que en la propia Alemania la importanciade los grandes edificios teóricos ha disminuido. Además, dado que no es posibleprever, si y/o cuando se unirán los estados miembros de la Unión Europea para lacreación de un “derecho penal europeo” supranacional directamente aplicable, elcual reemplace por lo menos parcialmente al derecho penal nacional, es de preverque esta alzadura teórica continúe, aunque tendrá que adaptarse a los nuevos desarrollos.En cualquier caso, el autor estima que, en el porvenir, de la dogmática dederecho penal habrá de hacerse teoría del derecho penal.

CDP 19 ( 2018) Número completo

CDP 19 ( 2018) Número completo

Facultades de la policía judicial en la lucha contra la corrupción en los Estados Unidos

Este trabajo se ocupa sobre las técnicas de investigación empleadas paraluchar contra la corrupción en los Estados Unidos; por supuesto, tambiénes importante abordar las leyes sustantivas utilizadas por la fiscalía paracumplir esa tarea, las prácticas de resolución consensual de estos conflictosa la luz de las súplicas negociadas (plea bargainig) y el papel que cumple eljurado de conciencia en estos casos.

La prueba trasladada en el sistema penal acusatorio y los postulados constitucionales

La relación existente entre los fines de la prueba y la verdad material comofin del proceso penal, aunado al reconocimiento del individuo como sujetoactivo en la práctica de la prueba, obliga a reflexionar sobre la admisibilidado no en el sistema penal de tendencia acusatoria de los elementos deprueba obtenidos fuera del juicio oral en actuaciones judiciales distintasa la etapa de conocimiento y, también, sobre el uso de esos instrumentosde cara a los postulados constitucionales; se alude, pues, a la figura que elordenamiento anterior llamaba como prueba trasladada. El debate sobre elasunto se mantiene tanto en la doctrina como en la jurisprudencia: de unlado, aparecen posturas que dan por cerrada la disputa y no abarcan todaslas aristas del problema; y, de otro lado, hay quienes entienden que esas herramientasse pueden utilizar porque no contrarían los principios penalesconstitucionales propios de un Estado social y democrático de Derecho, nilos estándares internacionales mínimos en materia de derechos humanos.De esta última postura parte esta elaboración académica, pero asumida apartir de los postulados constitucionales.

Policía Judicial: a la búsqueda de un modelo adecuado para una lucha eficaz contra el crimen

Este trabajo se ocupa de las relaciones entre el Estado y el crimen, a cuyoefecto se hacen diversas sugerencias para lograr un marco organizativo generalque sea adecuado para la Policía Judicial. Además, se examina lasfunciones generales que la misma debe tener en el proceso penal, los límitesde la investigación policial y sus consecuencias; así mismo, abordaalgunos aspectos complejos de la actuación policial en su calidad de autoridadpública, cuando actúa en la persecución del delito en los momentosactuales. Al final, señala los aspectos mínimos comunes que sí deberíanconformar un modelo policial efectivo, tanto desde un punto de vista material,como puramente jurídico.

El decomiso de bienes de tercero en España y Colombia

Para nadie resulta extraño que los delincuentes busquen encubrir los activos producto de sus actividades ilícitas, de tal forma que puedan disfrutar libremente de los mismos y, para ello, en ocasiones, se valen de terceros; por esto, la persecución de los activos originados ilícitamente ha logrado un protagonismo sin precedentes en las últimas décadas. A tono con lo indicado, el presente trabajo se propone, por un lado, analizar las figuras del decomiso de bienes de terceros en la legislación española tras la reciente reforma operada al Código Penal, mediante la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, al igual que de la acción constitucional de extinción de dominio colombiana; y, por el otro, dejar en evidencia las deficiencias técnicas que presentan ambas figuras a la luz de su aplicación práctica, con especial detenimiento en el caso español.

La participación de las víctimas y el principio de igualdad de armas

Con la promulgación de la Ley 906 de 2004 se implantó un sistema penal acusatorio, razón por la cual a la víctima se le concedieron escasos escenarios de participación encomendando la defensa de sus intereses a la Fiscalía General de la Nación. Por lo anterior, la Corte Constitucional, con el fin de asegurar la protección de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, les concedió ciertas prerrogativas que se concretan en una participación activa y directa en el proceso, lo cual genera una vulneración del principio de igualdad de armas entre acusador y acusado. Por ello, en este trabajo se pretende encontrar el punto medio en donde la balanza no se incline a favor de este interviniente especial y en disfavor de una de las partes que conforman la contienda.

La lucha antiterrorista a través de la prisión indefinida. Los casos español y alemán.

La Ley Orgánica (LO) 1 de 2015 introdujo en el Código Penal español la prisión permanente revisable, con un periodo mínimo de cumplimiento de 25 años pero, en delitos graves de terrorismo, puede alcanzar a los 35 años. En estos ilícitos, además, se endurecen las condiciones para conceder la suspensión o acceder al tercer grado y a permisos de salida. El legislador argumenta que la cadena perpetua ha sido avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y que existe en la legislación comparada; sin embargo, la Corte Europea ha establecido requisitos muy estrictos y, en el derecho alemán, que se ha tomado como modelo, el régimen de suspensión es mucho más beneficioso que en España. Desde luego, estas disposiciones sobre terrorismo plantean serias dudas sobre su constitucionalidad.

Los límites a la aplicación del principio de oportunidad y los beneficios punitivos otorgados a las FARC-EP

El principio de oportunidad ha sido entendido como una institución que le permite al ente fiscal o al ministerio público (como se le denomina en otros países) suspender, interrumpir o desistir del ejercicio obligatorio de la acción penal; por ello, en la Ley 906 de 2004 se prevé un amplio catálogo de causales que le posibilitan a la Fiscalía definir en qué eventos procede esa figura. No obstante, en el desarrollo de este trabajo se advierte que los más destacados límites para su aplicación se corresponden con la imposibilidad de aplicarlo, cuando la investigación penal recae sobre crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En ese orden de ideas, aquí, luego de resaltar los controles mencionados, se ponen en contexto los beneficios punitivos y procesales otorgados a los integrantes de las FARC-EP con ocasión de la terminación del conflicto armado, a partir de lo cual se busca precisar si el llamado Nuevo Acuerdo Final con esa agrupación, respeta o no los límites en la aplicación del principio de oportunidad.