La seguridad jurídica en la ley tributaria colombiana

El presente artículo busca evidenciar la problemática actual del sistema tributario colombiano en perspectiva de la seguridad jurídica y la ley tributaria; para ello se parte del principio de justicia como una orientación natural del derecho tributario, los principios que enmarcan la legalidad y la seguridad jurídica para la configuración de la ley tributaria, analizando la jurisprudencia para finalizar con la exposición del caso colombiano su excesiva producción normativa, las reformas tributarias constantes y la disparidad a efectos tributarios generada por el marco de regulación contable vigente, dejando en evidencia la ardua tarea que debe emprender el país para corregir estos defectos jurídicos y lograr un sistema jurídico tributario más equitativo y justo.

Las vías intraestatales para cumplir las medidas de reparación derivadas de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La imperiosa necesidad de un marco jurídico e institucional específico y eficaz en favor de las víctimas

El artículo se centra en el deber y la necesidad de que los Estados cuenten con un marco jurídico e institucional específico, a efecto de cumplir con las reparaciones dictadas en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Con ese propósito se ofrece a manera de introducción un panorama de las bases, signos distintivos y situación que guardan las medidas de reparación, así como el cumplimiento general de las sentencias de la Corte IDH, muchas de las cuales se encuentran en la fase internacional de supervisión a cargo de ésta. Esto es indicativo de lo importante que es mirar hacia lo que hacen internamente los Estados del Continente Americano para cumplir con dichas sentencias, para lo cual se ofrece un recorrido detallado y sistemático de los diversos tipos de medidas normativas y administrativas, así como de proyectos de reformas constitucionales y legislativas, que se han generado en varios países del Continente para hacer frente al deber de cumplimiento de sentencias de la Corte IDH. La última parte del artículo se enfoca en el caso de México, donde se aborda a fondo el marco jurídico, administrativo y de precedentes judiciales actual, que muestra los avances y los problemas que existen para hacer frente al cumplimiento de reparaciones en favor de las víctimas, así como los cambios que deben realizarse para hacer posible el cumplimiento de los fallos aún pendientes.

Contribuições da jurisdição da Corte Interamericana na efetivação do direito à educação na América Latina

Entendido como un derecho social y previsto en las fuentes documentales del sistema interamericano de derechos humanos, el acceso a la educación está protegido por el orden internacional en el continente americano. Teniendo en cuenta la necesidad de hacer cumplir este derecho, el problema que enfrenta este artículo se traduce en la siguiente pregunta: ¿puede la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por medio de su función jurisdiccional, ayudar en la implementación del derecho a la educación? El método documental (jurisprudencial) se combinó con un análisis cualitativo de los juicios demarcados. Los resultados alcanzados permitieron la identificación de tres oraciones en las cuales la Corte Interamericana condenó a los Estados miembros por no cumplir con las obligaciones educativas establecidas en las fuentes internacionales. El artículo concluye que la Corte Interamericana contribuye a la delimitación del contenido normativo del derecho a la educación, y que su desempeño, en general, apunta a reparaciones individuales y cambios estructurales en el sistema educativo de los países, sin embargo, las dificultades para implementar las sentencias aún representan una limitación de efectividad en la actividad jurisdiccional interamericana.

Aportes a la discusión sobre la regulación de la abogacía

La propuesta de establecer la colegiación obligatoria parece gozar de consenso en la profesión jurídica mexicana. Si bien, coincidimos en la relevancia social que tiene el ejercicio de la abogacía y, por ende, en la necesidad de su regulación, consideramos necesario traer al contexto mexicano preguntas y advertencias que ya han surgido en otros lugares sobre la conveniencia de la regulación (como proyecto en sí mismo), los objetivos que persigue y la mejor forma de alcanzar esos objetivos. De acuerdo con lo anterior, el presente artículo, más que constituirse como un aporte original, busca traer al contexto mexicano insumos básicos para una discusión más rica y compleja sobre la regulación de la profesión jurídica.

Deconstruir para reconstruir: un análisis de los órganos constitucionales autónomos en México

Este artículo busca mostrar que la concepción dominante sobre los órganos constitucionales autónomos (OCA) está equivocada. Estos organismos no son completa ni igualmente independientes del resto de poderes del Estado. Al contrario, se caracterizan por tener una variedad de diseños que les dan diferentes niveles de autonomía. Entender esta variedad de diseños es el primer paso para identificar las causas, reales o percibidas, sobre los defectos del sistema actual de equilibrio institucional, así como las consecuencias que un régimen bien diseñado podría generar. Hasta este momento, la discusión generalmente se ha limitado a si deben existir o no este tipo de organismos. A partir de este trabajo, los debates podrían abordar nuevos cuestionamientos sobre cómo deben diseñarse y cuánta autonomía habría que otorgarles.

¿Son los Estados Unidos un paraíso fiscal?

La reforma fiscal de los Estados Unidos de América que entró en vigor en 2018 ha traído varios cambios relevantes dentro de los cuales el más importante consiste en la disminución de la tasa del ISR (ISR) corporativo federal de 35% a 21%. Lo anterior, trae como consecuencia que conforme al artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América puedan ser considerados un régimen fiscal preferente. Asimismo, se analiza la posibilidad de que los Estados Unidos sean clasificados como un paraíso fiscal por su reticencia a entrar en el CRS de la OCDE y por el trato inequitativo que da a los países que colaboran con dicho país en relación con FATCA.

Los impactos de la impunidad en México. Reflexiones desde una perspectiva de género

En este artículo se pretende mostrar los componentes de una normatividad que rige un Estado moderno de derecho en un marco de intercambios y compromisos internacionales cuyo objetivo es el desarrollo de lo que hoy conocemos como derechos humanos, entre cuyos principios está la responsabilidad de ese Estado de garantizar la seguridad de todas las personas que integran su población. Una responsabilidad que, desde el punto de vista de las mujeres, es incumplida de manera sistemática por la frecuencia en que los hechos de violencia contra las mujeres quedan en la impunidad y lo que ello significa para las víctimas en sus vidas debido al impacto tanto de la violencia misma como del significado de la falta de protección del Estado del conjunto de sus derechos humanos.

La legítima y la causa de desheredamiento por abandono familiar. ¿Hacia una mayor libertad de testar?

n derecho de sucesiones, el testador no goza de libertad absoluta para disponer sobre su patrimonio, configurándose un sistema de derechos forzosos presidido por la legítima. Tanto en derecho positivo catalán, español como colombiano hay una arraigada tradición socio-jurídica que sustenta la legítima a partir del principio de solidaridad interfamiliar, lo cual dificulta aplicar teorías radicales como las de supresión de dicha institución con carácter de orden público o su configuración bajo estrictos parámetros de necesidad del legitimario. Con todo, la previsión de nuevas causales de indignidad y desheredamiento como el abandono familiar, así como la reducción de la cuota de legítima en Colombia avecinan una mayor libertad de testar como tendencia lógica en la sociedad actual.

El futuro del Estado autonómico en España: ¿bloqueo o reformulación?

El Estado autonómico fue la gran invención de la Constitución Española de 1978. España dejó de ser un Estado centralista y optó por un alto grado de descentralización. A lo largo de cuatro décadas, el Estado de las autonomías se ha consolidado, pero también debe resolver dos crisis diversas: el desgaste del modelo territorial tras cuarenta años de funcionamiento y la crisis de Cataluña. Entre los posibles escenarios, la reformulación del Estado autonómico es la salida más razonable. Es preciso identificar cuáles son los problemas de la organización territorial española y examinar de qué manera los sistemas sobre todo federales pueden ayudar a resolverlos. Sin embargo, una reforma constitucional en sentido fede ral es prácticamente imposible. La responsabilidad de reformar el modelo territorial corresponde a los partidos políticos y las divergencias entre ellos sobre cuáles deben ser los cambios son antagónicas. Deberían recuperarse consensos, como se hizo en España en 1978. Sin cambios, persistirán los problemas.