Las Reglas de Brasilia y los derechos del niño o del adolescente en el ámbito procesal

Las Reglas de Brasilia han mejorado los parámetros judiciales y procesales en los últimos años al regular mecanismos de acción judicial a favor de las personas en situación de vulnerabilidad, a quienes se brinda una mejor atención en la protección de sus derechos, por cuanto sus condiciones particulares y especiales son evaluadas bajo una perspectiva que mejora la regla establecida por la ley.Elementos de evaluación especiales como la perspectiva de género, la atención de necesidades de personas con alguna discapacidad, la atención de derechos e intereses de niños y adolescentes, la tutela de migrantes en situación de desprotección, así como la perspectiva multicultural y bilingüe, son las premisas con las cuales los sistemas judiciales en América Latina procuran afrontar eficientemente las exigencias que se desarrollan en sus jurisdicciones.Como patrón de referencia general, los propósitos de las Reglas de Brasilia parecen mejorar el sistema de impartición de justicia. Sin embargo, un análisis más detallado sobre el contexto judicial y la participación procesal, y la evaluación de los conflictos familiares judicializados donde participan niños y adolescentes, permite detallar algunas condiciones que requieren una atención más especial, en particular porque las reglas procesales civiles no toman en cuenta el contexto humano y las circunstancias en las cuales los menores se encuentran en medio de un proceso judicial donde sus progenitores son los principales actores.

Las medidas cautelares en los procesos de familia en Nicaragua. Una mirada desde los estándares de las 100 Reglas de Brasilia

El Poder Judicial de Nicaragua, miembro de la Cumbre Judicial Iberoamericana, ratificó las 100 Reglas de Brasilia mediante el acuerdo 83 del 6 de octubre de 2008, el cual fue modificado posteriormente por el acuerdo 48 del 17 de julio de 2015. Desde el momento de su ratificación se han venido implementando, de forma paulatina, transformaciones internas en la aplicación de la normativa, tanto nacional como internacional. Se ha garantizado el acceso a la justicia pronta, gratuita y efectiva mediante la ampliación de competencias establecidas en las leyes especiales, así como en el Código de Familia, el cual recoge en su estructura y contenido los estándares que proponen las 100 Reglas de Brasilia, y, en su aplicación humanista con perspectiva infantocéntrica y de género, alcanza la efectividad de la tutela mediante la articulación con otras disciplinas e instituciones.

Las personas menores de edad como víctimas y ofensoras en delitos sexuales

La condición jurídica de la niñez a partir del paradigma de la protección integral, luego de treinta años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, sigue presentando retos que buscan hacer efectivos los derechos humanos inherentes a todos los niños, las niñas y los y las adolescentes. Desde el principio de la autonomía progresiva de la persona menor de edad se reconoce el ejercicio paulatino de sus derechos. Entre estos se encuentran los derechos sexuales, que exigen control y protección del Estado para evitar procesos de victimización. La reducción del inicio de la responsabilidad penal en contraposición de la mayor tutela de la niñez, a través de la penalización de conductas, puede generar incongruencias normativas, cuya solución puede implicar la flexibilización de las garantías procesales o la impunidad de conductas graves.

La importancia de las Reglas de Brasilia para un efectivo acceso a la justicia en materia familiar en México

La presente investigación busca establecer las implicaciones de las Reglas de Brasilia en México, a partir del estudio de los criterios que se contemplan en dichas reglas, la delimitación conceptual del derecho de acceso a la justicia y el establecimiento de sus implicaciones en materia de justicia familiar. En ese sentido, se realizó un estudio riguroso en el que se pone en evidencia la importancia y la vigencia de la aplicación de las Reglas de Brasilia en las actuaciones judiciales en materia familiar en México, con la intención de hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia en favor de los integrantes de las familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad al momento de enfrentarse a los sistemas de justicia.

El acceso a la justicia de las víctimas en el contexto de la COVID-19

El presente artículo estudia los diversos problemas que enfrentan las víctimas para acceder a la justicia en el marco de la emergencia sanitariaocasionada por la COVID-19. Se manifiesta la gran importancia y utilidad práctica que poseen las 100 Reglas de Brasilia en el tratamiento y el acompañamiento de la víctima durante el trabajo que realiza el Ministerio Público en aras de la defensa de sus derechos vulnerados. Se mencionan los retos que estableció la imposición de la cuarentena a nivel institucional, así como las consecuencias que esta trajo en el aumento del número de víctimas que forman parte de la población vulnerable.

Las Reglas de Brasilia y los derechos de la familia, la infancia y la adolescencia. Infancias vulnerables y acceso a la justicia

La vulnerabilidad es un concepto abierto que exorbita las categorías jurídicas de capacidad e incapacidad. Requiere un análisis multidisciplinario, pues plantea la humanización de la aplicación de los derechos humanos fundamentales y una resignificación de los operadores jurídicos. La interseccionalidad de la discriminación puede agravar la vulnerabilidad, lo que provoca que algunas vulnerabilidades puedan atraen a otras, las cuales se suman como capas de opresión y exclusión. Por este motivo, los grupos vulnerables requieren la elaboración de herramientas eficaces para garantizar el pleno goce de sus derechos en condiciones de igualdad. Los niños, las niñas y los y las adolescentes son un grupo vulnerable que requiere medidas especiales de protección. Para ello, los Estados deberán adoptar medidas de acción positivas que garanticen la tutela judicial efectiva de los niños, las niñas y los y las adolescentes. En el presente trabajo se expone una guía de buenas prácticas para la tutela judicial efectiva de este grupo vulnerable.

Las Reglas de Brasilia y los derechos de familia, infancia y adolescencia. Acceso a la justicia en los casos de restitución internacional de niñas, niños y adolescentes y régimen de visitas o contacto internacional

Los desafíos actuales en la función jurisdiccional nos permiten visualizar el acceso a la justicia como un derecho humano fundamental que debe garantizarse en todas las etapas del proceso, como también en la ejecución de la sentencia. En los casos de restitución internacional de niños debe resolverse dentro un plazo razonable de seis semanas. Para ello, se debe regular el procedimiento y lograr que los jueces tengan los medios necesarios para resolver pertinentemente. El acceso a la justicia en estos casos involucra a tres grupos vulnerables: el niño por su edad, el que litiga a distancia y la mujer por su género. En el presente artículo analizaremos cada uno de ellos considerando los desafíos de nuestro tiempo.

El acceso a la justicia de la población infantojuvenil violentada en España

El presente ensayo analiza una problemática de larga data en España: el acceso a la justicia de niños y adolescentes que han sufrido violencia, quienes forman parte del conglomerado de personas en condición de vulnerabilidad. Se mencionan los sucesivos cuerpos legislativos promulgados en España, los cuales tuvieron como directriz y base la Convención Internacional de los Derechos del Niño y las 100 Reglas de Brasilia. Asimismo, se explica cuáles son las nuevas implementaciones que se deben realizar a efectos de prevenir la revictimización del menor en el largo camino del proceso judicial.

El acceso a la justicia administrativa de los presos en el derecho francés

Este estudio se centra en el acceso de los detenidos a la justicia administrativa francesa; a propósito de ello, se evalúa la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues juega un rol determinante, especialmente cuando ejecuta las disposiciones de la Convención Europea de Derechos Humanos sobre los derechos y las libertades de los presos, quienes deben ser detenidos en condiciones compatibles con el respeto a la dignidad humana. El dualismo jurisdiccional francés (judicial y administrativo) influye en la designación del juez competente que conocerá los recursos ejercitados por los detenidos para impugnar la legalidad de las medidas adoptadas en su contra u obtener una indemnización por el daño sufrido. La distribución de competencias entre los jueces administrativos y judiciales genera, regularmente, obstáculos para que los detenidos accedan a remedios eficaces. En ese sentido, se postula que la unificación y la institución de una jurisdicción especializada en conflictos penitenciarios permitiría un mejor acceso de los detenidos a la justicia en Francia.