Ayudas económicas municipales derivadas de la pandemia

Las entidades locales han ejercido ampliamente su potestad subvencional desde la declaración del primer estado de alarma a través del Real Decreto 463/2020 en dos grandes ámbitos: la asistencia y ayuda social en situaciones de emergencia —competencia propia de las entidades locales— y la protección de actividades y sectores económicos especialmente afectados por la crisis (hostelería, comercio, turismo), competencia municipal más dudosa. En este área, dado que el Estado y las Comunidades Autónomas han afrontado más tardíamente sus propias líneas subvencionales (a partir del último trimestre del 2020), han sido las entidades locales quienes primariamente se han volcado en atender estas situaciones. Y junto a las subvenciones directas dirigidas a sostener las pérdidas de ingresos por la paralización de la actividad o a compensar gastos asociados a las medidas de protección sanitaria (adecuación de establecimientos, terrazas, adquisición de material sanitario), se han articulado también subvenciones dirigidas a compensar el pago de tributos locales. La tramitación procedimental de las subvenciones por las entidades locales se ha visto igualmente afectada por la crisis sanitaria. En este punto, la ampliación de los plazos para la ejecución, justificación y comprobación de la actividad subvencionada, al amparo del art.?54 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la covid-19, ha sido la singularidad procedimental más relevante. Junto a ella se ha recurrido a otras prácticas como la flexibilización y agilización de trámites, la exoneración de la acreditación de ciertos requisitos y garantías o el pago anticipado del importe total de la subvención en determinados supuestos.

régimen jurídico del teletrabajo en las administraciones públicas

Una de las consecuencias de las medidas adoptadas para combatir la epidemia de covid-19 ha sido la difusión del teletrabajo, tanto en la empresa privada como en las administraciones públicas, debido a las restricciones de movilidad. Esta modalidad de desempeño de las funciones públicas no es, sin embargo, novedosa, ya que había empezado a regularse en nuestro país desde hace una más de una década, pues está vinculada a la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito público. Ahora y en virtud de una reforma legal de 2020, el Estatuto Básico del Empleado Público la regula en sus aspectos esenciales. Esta legislación básica es complementada por un conjunto de normas o de acuerdos con los sindicatos aprobados por las Comunidades Autónomas y otras administraciones públicas. En este trabajo se resume el régimen jurídico en vigor, teniendo en cuenta sobre todo los elementos comunes de toda esa normativa.

Plan de Recuperación de la UE. Oportunidades para las Administraciones locales

El llamado Plan de Recuperación «Next Generation EU» y en concreto su Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) ha generado una enorme expectativa en España, incluido para las Administraciones locales, tanto como oportunidad de una salida rápida a la crisis económica generada por la covid-19 como una oportunidad histórica de acometer grandes reformas estructurales pendientes. Sin embargo, no es en absoluto la primera vez que se aborda este tema, habida cuenta de tres décadas de programas estatales, autonómicos y locales de Fondos Estructurales de la UE. El propio MRR, que suma el doble tamaño que los fondos de cohesión tradicionales, no tiene su origen en la crisis de 2020. La pandemia multiplicó exponencialmente el tamaño de un programa de reformas estructurales preexistente. Al mismo tiempo el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (España Puede) promete invertir grandes sumas del MRR en el nivel local. Usando los trabajos de la Mesa Nacional Técnica de Diputaciones se examinarán las posibilidades y limitaciones de gestionar en la práctica desde el nivel local los Fondos Estructurales y el MRR para combatir el reto demográfico.