La presente tesis doctoral tiene como objetivo reconstruir el campo de interlocución en torno a la baja de edad de punibilidad en la ciudad de La Plata, entre los años 2017 y 2019, para analizar las formaciones discursivas que lo configuran. Es decir, se indaga sobre un campo de interacciones que involucra tensiones, correlaciones de fuerzas cambiantes y condicionamientos recíprocos entre funcionarios públicos, empresas mediáticas, movimientos sociales, instituciones, especialistas, organizaciones de derechos humanos, académicas, profesionales, etc. Así, la investigación se inscribe, en el campo de los estudios socioculturales, con especial foco en los estudios de comunicación, juventudes y seguridad. En nuestro país existen diversos problemas sociales que se tematizan, se abordan y se disipan, sin embargo, la disputa sobre la baja de edad de punibilidad emerge recurrentemente en la escena pública. Reconstruyendo la historia de este problema identificamos que las distintas tentativas que tienen como objetivo modificar el régimen penal juvenil se circunscriben en un entramado relacional en el que se asocia permanentemente la inseguridad con jóvenes de sectores populares. Este escenario de disputa puede emerger a partir de sucesos diversos, no obstante, el debate se profundiza y magnifica cuando se presume la participación de un joven menor de 16 años en un delito grave (Jorolinsky, 2015). Con un tratamiento mediático que reconstruye esta información desde una narración escindida, muchas veces, de problemas sociales complejos, visibilizando ciertas dimensiones violentas y excluyendo otros aspectos del conflicto. En tal sentido, consideramos que los medios masivos de comunicación ocupan un lugar protagónico en la disputa por los sentidos legítimos del orden social y político. En este contexto, en el país existen una gran cantidad de proyectos de ley presentados bajo el argumento de modificar el Régimen Penal Juvenil vigente, la mayoría con la propuesta de bajar la edad de punibilidad. Asimismo, en diciembre del año 2016 luego del asesinato de un joven llamado Brian Aguinaco de 14 años, durante un intento de robo en el barrio porteño de Flores, se reinstaló el tema del delito juvenil y su abordaje penal en la agenda mediática y social. En este caso, se acusó como principal sospechoso a otro joven de 15 años de edad. Posteriormente, unos meses después en marzo del 2017, al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el presidente Mauricio Macri expresó la intención de discutir y sancionar un régimen de responsabilidad penal juvenil. El proyecto oficial buscaba reducir la imputabilidad a partir de los 14 años para delitos graves o gravísimos. Esta propuesta contó con el apoyo de otros sectores del arco político. En este marco, de forma casi inmediata distintos actores como organizaciones sociales, políticas, profesionales, académicas, sindicales y de derechos humanos desarrollaron una estrategia de acción política concreta: la organización del Espacio No a la Baja Argentina. Este espacio tenía el objetivo de generar acciones orientadas a disputar el sentido del discurso gubernamental, respecto a la baja de edad de punibilidad, como medida que buscaría intervenir en la solución al problema de la inseguridad. Como señalamos, bajar la edad de punibilidad se ha constituido en una reiterada propuesta que retoma la necesidad de modificar la normativa vigente, pero que simultáneamente avanza en aspectos que ponen alerta a organismos de derechos humanos, en general, y de defensa de los derechos de las niñas, niños y jóvenes, en particular. En este sentido, nos proponemos conocer dicho campo entendiendo que es un espacio social y simbólico en el cual un conjunto de actores interactúan y, por lo tanto, reconocen en "los otros" -incluso considerándolos sus adversarios o enemigos- un interlocutor necesario. “Sólo aquellos actores que adoptan una identificación aceptada en un campo de interlocución pueden intervenir en él.” (Grimson 2003, 147). En este marco, nos preguntaremos por este escenario de relaciones políticas y sociales, a partir de pensar la inseguridad como un problema público estabilizado (Galar, 2015), en un entramado en el que se destacan las significaciones producidas por los medios de comunicación, las expresiones político partidarias y las estrategias de los movimientos sociales. Como estrategia metodológica se realiza análisis de discurso desde la perspectiva desarrollada por Foucault en distintos trabajos como “La arqueología del saber “(1969) y “El orden del discurso” (1973) buscando reconocer en los materiales los objetos de sus discursos, las formas de enunciación, las regularidades y discontinuidades temáticas. Es decir, las distintas estrategias discursivas en torno a juventudes e inseguridad que desarrollan los actores intervinientes en el campo de interlocución en torno a la baja de edad de punibilidad.
Ciudades globales, Agenda 2030 y cambio climático como transformadores de la comunicación política internacional [Editorial]